ESENCIAL COSTA RICA, ¿PARAÍSO NATURAL, SOSTENIBLE Y PURA VIDA?
- Bárbara Gonzalez Umaña
- Oct 28
- 9 min read
El mundo es un lugar cada vez más peligroso para activistas medioambientales, líderes comunitarios, indígenas y defensores de la madre tierra. Según datos recopilados por el Global Witness, América Latina se ha establecido como la región más peligrosa del planeta para el activismo en defensa de los derechos humanos ligados al medioambiente (Global Witness, 2016-2017). Solo en el año 2017 fueron asesinadas 312 personas defensoras de derechos humanos, la mayoría de ellas en Latinoamérica, y el 67% de estos casos eran personas comprometidas con la defensa de la tierra y el medioambiente, en contextos de megaproyectos extractivistas (Front Line Defenders, 2018). Para el año 2019, un total de 212 personas defensoras fueron asesinadas por trabajar en la protección de sus hogares, de la tierra, el bosque y los ríos de la explotación por parte de sectores industriales de gran escala. Dos tercios de los casos ocurrieron en países de América Latina. Colombia lidera el ranking con un 64 asesinatos en contra de líderes y lideresas (Global Witness, 2019).
En Latinoamérica se viene dando una creciente represión en contra del activismo ambientalista que se interpone entre el medio ambiente y el modelo de desarrollo capitalista y extractivista basado en la explotación masiva de los recursos naturales (minerales, petróleo, agricultura industrial y de monocultivos, ganadería, deforestación, pesca de arrastre, por mencionar algunos) que en nuestra región han encontrado sus mejores aliados en los sectores empresariales con fuertes vínculos con los Estados. Tras las políticas que concesionan el acceso a los recursos naturales y privatizan la propiedad de los mismos una vez extraídos se encuentra no pocas veces el crimen organizado.
La represión, la violencia y el silenciamiento de las voces críticas es una constante en la región. La importancia de esas voces que se alzan en defensa de la naturaleza, y no pocas veces también las voces de los pueblos originarios que irrumpen en defensa de sus territorios, crece en la medida en que se expande la frontera extractiva y aumenta, por un lado, la demanda global de productos primarios y, por otro, las alianzas entre estados y empresas multinacionales interesadas en lucrar con los recursos naturales a cualquier precio (Echart y Villareal, 2019).
Las formas de violencia y represión a las que se tienen que enfrentar los y las luchadoras ambientales en nuestra región van desde las amenazas, estigmatizaciones, violencia física y simbólica, hasta la persecución, hostigamientos y toda clase de violaciones de sus derechos humanos. Como acto supremo de esas violaciones está el asesinato.
A pesar de los enormes riesgos y como respuesta a la imposición extractivista, cientos de personas se están movilizando desde sus territorios, están tomando conciencia de la necesidad del trabajo colectivo y el protagonismo ciudadano para defender los bienes comunes, el agua, los ríos, los bosques, los mares y los territorios indígenas en nuestra región (Hincapié, 2019).
Conoce más sobre los puntos calientes de conflictos ambientales alrededor del mundo en sitio web de Atlas de Justicia Ambiental.
Jairo Mora Sandoval, el biólogo de Gandoca: luchas en contra de la impunidad, la corrupción y el saqueo.
La madrugada del 31 de mayo del 2013, Jairo Mora, ambientalista comprometido con la preservación de la naturaleza y la protección de las tortugas marinas, fue asesinado. Jairo estaba colaborando con el proyecto Widecast, y su trabajo se enfocaba en la conservación de las tortugas marinas en peligro de extinción. Esa madrugada, mientras hacía un patrullaje nocturno en una playa de Moín junto a varias colaboradoras del proyecto, fue interceptado por un grupo de delincuentes que se dedicaban a desenterrar huevos de tortuga para su comercialización clandestina. Jairo fue asfixiado y arrastrado por la playa, mientras que sus compañeras de trabajo fueron retenidas y abusadas.
La playa en la que Jairo fue asesinado, que era un importante lugar de anidamiento de tortugas marinas en peligro de extinción, es hoy parte del muelle flotante de la transnacional holandesa APM Terminals, el puerto que procura ser el “más eficiente de América Latina y un símbolo de seguridad y progreso, en armonía con el medio ambiente.”. Se trata, para colmo de males, del mismo puerto que se ha hecho célebre por los constantes envíos de droga camuflada en contenedores de piña o banano con dirección a Europa que salen de sus instalaciones.
En la confrontación entre la necesidad de proteger un hábitat de suma importancia para la anidación de las tortugas marinas y el interés económico de permitir la construcción de un megapuerto para la exportación de monocultivos, triunfó el dinero. El desinterés del gobierno en el proyecto de investigación que demostraba los efectos negativos de la erosión sobre las zonas de anidación de las tortugas marinas se coronó con la consolidación de una gran inversión extranjera. Sin duda el fruto de campañas publicitarias como la de Esencial Costa Rica, diseñadas para atraer conglomerados como APM Terminals.
El Acuerdo de Escazú y los temores de las cámaras empresariales
El 16 de marzo del 2021, el presidente de Costa Rica Carlos Alvarado participó en la ceremonia de apertura del Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible. En dicha actividad el mandatario hizo gala del discurso verde descarbonizado con el cual, asegura él, se pretende recuperar la economía del país. Apenas un mes después, en aras de priorizar la aprobación en la Asamblea Legislativa de la Ley de Empleo Público, requisito para poder endeudar al país con el FMI, pospuso la ratificación del Acuerdo de Escazú, un proyecto que pretende dar, de una vez por todas, protección a las vidas de las personas que luchan por la causa ambientalista y que además propone la incorporación de la participación ciudadana en la toma de decisiones que afecten el medio ambiente.
El Acuerdo Escazú, que lleva ese nombre debido a que fue consensuado precisamente en esa localidad costarricense, entró en vigor el 22 de abril del 2021. Sin Costa Rica. Este es un tratado internacional que obliga a los Estados a dar protección a las personas defensoras del medio ambiente, es el primer acuerdo regional vinculante sobre derechos humanos y medio ambiente, y busca garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
El Acuerdo de Escazú no es un tratado socialista o revolucionario, lejos está de serlo. Hasta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y países libres de toda sospecha de socialismo, como Alemania, están a favor de la implementación de acuerdos como este, debido a que consideran que reduciría la conflictividad y abriría vías de acercamiento a las comunidades con fines de persuasión en beneficio de las inversiones privadas. En palabras de la Ministra de Ambiente y Energía de Costa Rica, Andrea Meza, se trata de un acuerdo “para facilitar y bajar la conflictividad socio ambiental”. Y pone un ejemplo: “El BID y el Banco Mundial ya pasaron por momentos en donde llegaban y decían: vamos a hacer megarepresas… y no le digo a las comunidades, y no le digo a nadie, y una mega represa genera muchos impactos, y voy a tener que movilizar gente. Lo mínimo es que la gente que va a ser movilizada tenga un poquito la claridad de qué es lo que va a pasar, entienda cuales son sus derechos si eso sucede, y este es el tipo de conversación… que facilita tener estas reglas y estos procedimientos…”.
Es decir, se trata si se quiere, en última instancia, de un documento que podría facilitar mecanismos de “negociación” para facilitar las inversiones privadas que pudieran tener un impacto socio ambiental, pero al mismo tiempo permitiría (al menos en el papel) tener mayores márgenes de acción y protección para los y las ambientalistas, en comparación con los existentes en la actualidad.
Dicho lo anterior, la negativa de las cámaras empresariales costarricenses, que ha sido incorporada en los discursos de los diputados pentecostales y neoliberales de la Asamblea Legislativa, no hace más que retratarlos como lo que realmente son: una derecha y una oligarquía brutalmente retrógradas, poco flexibles y aferradas a las viejas fórmulas antidemocráticas.
En palabras de un comunicado de la UCCAEP, el Acuerdo de Escazú debía ser rechazado entre otras razones porque “…atenta y limita la iniciativa e inversión empresarial en vez de promoverla.” Una vez más la agenda empresarial se impuso por sobre los derechos humanos y ambientales, al menos por ahora. No solamente la UCCAEP, sino que diversos sectores empresariales reunidos en las Cámaras de Agricultura y Agroindustria, de Industrias, de Construcción, y casi la totalidad de las Cámaras existentes, se opusieron también con una serie de argumentos de los que se podría inferir que ellos saben perfectamente que sus inversiones van a colisionar con el interés de preservar y cuidar el medio ambiente, y por ende van a encontrar resistencia de líderes ambientalistas y comunitarios. Un acuerdo de esta naturaleza les impediría desarrollar muchos de sus proyectos e inversiones de manera impune. Esos discursos, que dejan entrever un mea culpa anticipado, se repiten desde los sectores económicos y sus fichas políticas en Colombia, Chile, Paraguay y Perú.
Velar por la seguridad de las personas que protegen el ambiente sigue siendo, hasta el día de hoy, el menos prioritario de los intereses de los poderes económicos y gobiernos de turno. Por el contrario, nosotros creemos que este es un tema de la más alta relevancia para nuestro país. Según la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente, al año 2020 se tiene un registro de 18 demandas individuales y 7 demandas colectivas contra más de 36 activistas procesados por defender el ambiente y derechos comunitarios. Además, se listan formas de persecución y amenazas documentadas, que incluyen al menos 25 atentados o ataques directos, 10 incendios a casas o locales, y 21 casos de amenazas de muerte. Toda esta violencia ha culminado en los asesinatos de 13 defensores y defensoras del ambiente, los cuales se perpetraron entre 1975 y 2020. Cabe recordar que todavía están frescos los asesinatos de los líderes indígenas Sergio Rojas y Yehry Rivera (2019 y 2020 respectivamente), y que actualmente los y las indígenas Pablo Sivar y Robert Morales Villafuerte (Térraba); Maximiliano Torres Torres y Clarita Quiel Torres (Cabagra); Efraín Fernández Zúñiga, Carlos Antonio Zúñiga, Jason Ríos Ríos, Doris Ríos, Ariel Ríos (China Kichá); y Claudio Ortiz Rojas, Daniel Figueroa Morales, Minor Ortiz Delgado, Mariana Delgado Morales y José Enrique Ortiz Figueroa (Salitre) han sido amenazados de muerte (Álvarez, 2021). Además, han amenazado a dos defensores de derechos humanos de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, Gustavo Oreamuno Vignet y Jeffry López Castro, y más recientemente, también sufrió amenazas la defensora del Río Virilla Daniela Solís Rodríguez. Y que se cuentan por decenas los conflictos ambientales que podrían desencadenar la violación de los derechos humanos de los luchadores sociales que sin duda liderarán a sus comunidades frente a esos conflictos.
¿Cuál credibilidad verde puede tener un gobierno o un congreso de la república como los que tiene Costa Rica actualmente, a todas luces títeres de los grandes intereses económicos? ¿En qué se diferencia este gobierno de los gobiernos anteriores? ¿Somos de verdad un paraíso natural, sostenible y pura vida? ¿O se trata de simples estrategias publicitarias bien diseñadas que extienden un manto verde para cubrir la impunidad, la corrupción y el saqueo de nuestros recursos naturales? Todo esto al servicio de grandes empresarios que prometen bolsillos llenos a cambio de más depredación y muerte.
Referencias:
Álvarez, M. (23 de abril de 2021) Por las vidas de personas defensoras ambientales: ¡Acuerdo de Escazú ya! En Semanario Universidad. Recuperado de: https://semanariouniversidad.com/opinion/por-las-vidas-de-personas-defensoras-ambientales-acuerdo-de-escazu-ya/?fbclid=IwAR3cUYBz6le5ZJwCo-4MzV8l2D_LfnXqr-7VF5uhZtJpsvrx1o07zOC1yrA
Borrás, S. (2013). El derecho a defender el medio ambiente: la protección de los defensores y defensoras ambientales. En Revista de la Faculta de Derecho PUCP, Número. 70, diciembre-junio, 2013, pp. 291-324 Pontificia Universidad Católica del Perú Lima, Perú. Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/5336/533656139016.pdf
Chacón, V. (2016) ¿Por qué se asesinan ambientalistas en Costa Rica? En Semanario Universidad. Recuperado de: https://semanariouniversidad.com/pais/por-que-se-asesinan-ambientalistas-en-costa-rica/
CANARA Cápsulas 2010-2017 Jairo Mora Sandoval en: https://www.canara.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3474:olimpiadas-tecnicas&catid=903&Itemid=16
Echart, E., Villareal, M. (2019) Resistencias y alternativas al desarrollo en América Latina y Caribe: luchas sociales contra el extractivismo. En Revista Relaciones Internacionales, Número 39, Octubre 2018 – Enero 2019. Grupo de Estudios de Relaciones Internacionales (GERI) – UAM. Recuperado de: https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/685447/RI_39_9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Front Line Defenders. 2018. Annual Report on Human Rights Defenders at Risk in 2017. Dublín, Front Line. Disponible en: https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/annual-report-human-rights-defenders-risk-2017
Global Witness (2017). Defensores de la tierra y del medio ambiente muertos en 2017. Disponible en: https://www.globalwitness.org/en/blog/new-data-reveals-197-land-and-environmental-defenders-murdered-2017/
Hincapié, S. (2019) Crímenes ambientales, crímenes contra la humanidad. Derechos humanos en el extractivismo latinoamericano. En Derechos Humanos y conflictos por la justicia en América Latina. UNAM. Recuperado de: https://www.researchgate.net/profile/Jairo-
Murillo, A. (2016) Condenados en Costa Rica los asesinos del ecologista Jairo Mora. El Pais en: https://elpais.com/internacional/2016/03/30/actualidad/1459293883_672442.html
Peña, M. (2020) Desmitificando el Acuerdo de Escazú https://co.boell.org/es/2020/12/09/desmitificando-el-acuerdo-de-escazu
Pomareda, F. (2021) Acuerdo de Escazú entrará en vigor el 22 de abril y Costa Rica aún no lo ratifica, aunque lo propuso. Semanario Universidad en: https://semanariouniversidad.com/pais/acuerdo-de-escazu-entrara-en-vigor-el-22-de-abril-y-costa-rica-aun-no-lo-ratifica-aunque-lo-propuso/
