COMPA, DATE CUENTA... (EL PODER JUDICIAL NO ES INDEPENDIENTE)

Juan Henríquez y Brent Brown, directores de la ILEA El Salvador, con un grupo de exalumnos de esa academia policial militar estadounidense. En palabras de Brown: "Desde su creación en 2005, ILEA San Salvador ha capacitado a más de 15,000 aplicadores de la ley de 32 países de Latinoamérica y El Caribe, de los cuales más de 700 son de nacionalidad costarricense". La ILEA es una academia adscrita al Departamento de Estado de los Estados Unidos, la fotografía se tomó en la Embajada de ese país en Costa Rica. Fotografía: Página de Facebook de la ILEA El Salvador.

La convocatoria a manifestarse en defensa del Estado de Derecho, este jueves 6 de agosto, se ha viralizado entre los sectores progresistas. Figuras como el expresidente Miguel Ángel Rodríguez ya han anunciado su asistencia y medios como La Nación, que nunca han dudado en criminalizar la protesta popular, hoy son los abanderados de la movilización ciudadana. Asistimos, dicen algunxs, a una batalla entre la democracia y el  autoritarismo. Nosotrxs decimos: compa, date cuenta. Lo que estamos viendo es un pleito de ricos. Y al pueblo trabajador lo están usando como carne de cañón. Habría que preguntarse cómo esta convocatoria ha escalado tanto. ¿Por qué figuras como Miguel Ángel Rodríguez o medios de comunicación de derecha hoy llaman a tomar las calles? ¿Su objetivo es defender la democracia o sus cuotas de poder frente a una nueva élite que quiere desplazarlos? No se trata de la democracia, ni de la independencia del poder judicial, no es un asunto de patriotismo y justicia, es un pleito entre la vieja oligarquía que dominó por siete décadas y la nueva camada ultraderechista que aspira a sustituirla. La convocatoria verdadera es mantener el statu quo neoliberal que tanto daño ha hecho a nuestro país.

Para entender la naturaleza de la crisis institucional que atraviesa el país, hay que ver críticamente a sus actores y a los intereses en disputa. Lo primero que se puede concluir es que no se enfrentan dos proyectos antagónicos: son dos fracciones de la misma clase dominante que se disputan las cuotas de poder para gestionar el mismo modelo capitalista dependiente, alineado con los intereses de Washington y profundamente hostil a cualquier alternativa de izquierda.

De un lado, el gobierno de Laura Fernández y Rodrigo Chaves representa un licuado populista con rasgos de ultraderecha y fascismo. Califica de "comunista" a todo aquel que ose interponerse en su camino, incluido el Poder Judicial. Se presenta como la voz "del pueblo" contra los "ticos con corona” y la “casta política y judicial", pero su proyecto es la continuidad de la agenda neoliberal, con tintes autoritarios. Usan un discurso antisistema para concentrar poder y sustituir una élite por otra, dejando intactas, e incluso profundizando, las estructuras de desigualdad, precarización y represión. Su alineamiento con la Doctrina Monroe reciclada y el Escudo de las Américas revela a quién sirven realmente. Denuncian al Poder Judicial no porque sea ineficiente, sino porque quieren un poder judicial propio, manejable a su antojo.

Del otro lado, el antiguo establishment político, judicial y mediático se rasga las vestiduras por la “democracia” amenazada. El PLN, el PUSC, el PAC llaman a defender la institucionalidad, la división de poderes, la autonomía judicial. Son los mismos que durante décadas ilegalizaron a la izquierda, privatizaron, precarizaron y reprimieron. Los mismos que toleraron la evasión fiscal de los grandes capitales mientras congelaban los salarios de la clase trabajadora y criminalizaban la protesta social. Los mismos que permitieron que la libertad sindical muriera en Costa Rica con la complicidad de los tribunales de justicia. ¿De qué democracia hablan? ¿De aquella que condenó al país a ser un paraíso fiscal para el gran capital, una bodega para el narco y un infierno laboral para la clase trabajadora? ¿De aquella que formó a sus jueces y fiscales en la Academia Internacional para el cumplimiento de la Ley (ILEA) y en la Escuela de las Américas, hoy maquillada con otro nombre, donde se enseña a combatir al enemigo interno? Hasta ciertos sectores del Partido Frente Amplio han caído rendidos a los pies de este discurso, por confusión algunxs y por convicción otrxs.

“Vista del terreno de la nueva prisión de Filadelfia”, una ilustración de 1827 de la Penitenciaría Estatal del Este, realizada mientras aún estaba en construcción, del Informe Anual de la Junta Directiva de la Sociedad de Disciplina Penitenciaria (1830). Arquitecto: John Haviland

El fiscal general de la república, Carlo Díaz, proclama que "el Ministerio Público no permitirá el caos", es decir, que garantizará el orden. Pero, ¿Qué orden defiende Díaz? Personajes como él o como Michael Soto, premiados por el FBI y formados en academias que tienen como misión explícita "formar aliados fieles a los Estados Unidos", son, antes que ninguna otra cosa, garantes de un orden injusto y pro estadounidense. Ese poder judicial que hoy llaman a defender es el mismo que ha procesado a manifestantes en tribunales de flagrancia, el que ha puesto la firma para que se desalojen campesinxs y pobladores sin vivienda que han tomado la tierra para cultivarla o para hacer ranchos de lata donde poder malvivir, el que ha tolerado los grandes negocios en perjuicio del pueblo, el que mira para otro lado mientras los gobiernos de la derecha mantienen salarios congelados mientras los grandes evasores fiscales duermen tranquilos. No existe tal "independencia judicial". Lo que existe es un aparato de dominación de clase que funciona a pesar del pueblo trabajador, no para él. Y cuyo corazón late en clave norte.

¡Claro que el actual gobierno de Laura Fernández y Rodrigo Chaves quiere controlar los tres poderes! Igual que los controló el bipartidismo durante 7 décadas. Igual que lo quieren seguir controlando. El verdadero problema no es que el gobierno quiera imponer una dictadura estilo Bukele, el problema real es que, ante esa realidad, en lugar de construir una salida por la izquierda para derrotar los planes del fascismo, se salga a levantar las banderas del statu quo que nos trajo hasta aquí.

Lo hemos repetido muchas veces: en las calles está el poder. Pero tan importante es salir a las calles como tener claridad del porqué se sale, para qué y en beneficio de quién. Sin una mirada crítica que desentrañe el funcionamiento del poder, corremos el riesgo de convertirnos en los tontos útiles de la restauración conservadora con el engañoso argumento de frenar a la ultraderecha. Ojalá que en algún momento se prioricen los espacios para dar esos debates, tal vez así, a través de la reflexión colectiva y sincera, algunas izquierdas "de derecha" puedan salir de la trampa en la que están, ya sea porque las han metido o porque se han dejado meter en ella. En ese pleito de millonarios por el reparto del poder, las izquierdas que no tengan claridad estratégica serán instrumentalizadas. Fácilmente, podrían terminar allanando el camino para que la derecha tradicional regrese al poder y neutralice cualquier salida anticapitalista verdaderamente transformadora.

Y en este río revuelto ganan Trump, Marco Rubio, el Comando Sur, la DEA y todo el entramado imperial que necesita una Costa Rica dócil para su estrategia de seguridad nacional profundamente anticomunista. Le apuestan al que puede ganar, pero también al que puede perder. Lo que les interesa en última instancia es asegurar su objetivo geopolítico de que el país encaje sin resistencia en el reacomodo hemisférico que a cada hora se precipita.

Frente a esta falsa dicotomía, nuestra postura en LaKanaya es clara: ni con el gobierno autoritario de Fernández, ni con la oposición de derecha que quiere restaurar lo que el pueblo ya repudió en las urnas. Podemos oponernos al intento gubernamental de paralizar la Sala Cuarta, pero no podemos convertirnos en las vocerías del PLUSC y del PAC, ni prestarnos a su circo. Lo que necesitamos no es restaurar el equilibrio de poderes entre el tripartidismo. Debemos construir, desde abajo y con pensamiento crítico, un horizonte emancipatorio que cuestione de raíz cómo funciona el poder y al servicio de quién. Luchar por un poder judicial que no se entrene en academias imperiales, que no criminalice la protesta, que persiga a los evasores fiscales y no a lxs luchadorxs sociales. Una democracia que no sea una fachada para la dictadura del capital, sino un instrumento de las mayorías trabajadoras que transforme estructuralmente la sociedad, desde las comunidades mismas.

EDITORIAL | Colectivo de Comunicación LaKanaya [LKNY] 5 de agosto de 2026