El manual completo: cómo se fabrica una “dictadura” para poder destruir un país.

Nada de lo que ocurre con Venezuela es improvisado. No es el resultado de errores aislados ni de una supuesta deriva autoritaria espontánea. Es la aplicación sistemática de un manual de desestabilización probado antes en Chile, Irán, Irak, Vietnam, Cuba, Afganistán, Guatemala, Panamá, Libia y un largo etc. La diferencia es que en Venezuela el proceso no logró su objetivo final, y por eso continúa. El primer paso de este manual nunca es militar. Siempre es económico.

Sabotaje interno y guerra económica.

En Venezuela, el sabotaje no comenzó con sanciones formales ni con discursos diplomáticos. Comenzó desde adentro, con el paro petrolero de 2002–2003, una huelga patronal impulsada por la vieja élite de PDVSA que buscó paralizar deliberadamente el corazón económico del país. No fue una protesta ni una disputa laboral: fue un intento consciente de colapso inducido. A partir de ahí se desplegó una guerra cotidiana contra la vida material de la población. El desabastecimiento fue organizado, el acaparamiento se volvió práctica política, la especulación se convirtió en método y la manipulación del tipo de cambio desde portales alojados fuera del país creó una inflación artificial que no respondía a variables productivas normales, sino a una estrategia de desgaste. El objetivo era simple y brutal: hacer la vida imposible.

Cuando el malestar social apareció, cuando la angustia cotidiana se volvió insoportable, los mismos actores que habían producido el daño se apresuraron a presentar el resultado como evidencia del “fracaso del socialismo”. La causa fue borrada; el efecto, amplificado.

Grafitti caraqueño, año 2016. Los comerciantes opositores ocultaban la harina, el azúcar, la comida y los productos de uso cotidiano. Fotografía: Allan Barboza-Leitón | Colectivo de Comunicación LaKanaya.

Bloqueo financiero y sanciones: el arma principal.

Después llegó el paso decisivo: las sanciones unilaterales. Medidas ilegales según el derecho internacional, pero completamente normalizadas por el poder mediático global. El bloqueo financiero impidió a Venezuela importar medicamentos y alimentos con normalidad, refinanciar su deuda, acceder a créditos internacionales y utilizar su propio dinero dentro del sistema financiero global. No se trató de un castigo simbólico ni de una presión diplomática selectiva. Fue un cerco económico deliberado, un castigo colectivo dirigido contra la población civil.

Cuando comenzaron a faltar insumos médicos, los titulares no hablaron de bloqueo. Hablaron de ineficiencia del régimen. Cuando aumentó la pobreza, no se mencionó el cerco. Se habló de crisis humanitaria causada por la dictadura. El bloqueo mata en silencio y luego se acusa al gobierno por las muertes que ese bloqueo produce.

Robo de activos: piratería legalizada.

Hay un aspecto del manual que rara vez se dice con claridad, incluso entre quienes critican las sanciones. A Venezuela le robaron miles de millones de dólares. Empresas estratégicas como CITGO fueron directamente confiscadas en Estados Unidos. Reservas internacionales quedaron congeladas en bancos extranjeros. Toneladas de oro venezolano fueron retenidas por el Banco de Inglaterra. No se trata de sanciones ni de litigios técnicos: es expropiación imperial lisa y llana.

Ningún país del Norte aceptaría que le congelen activos soberanos sin considerarlo un acto de guerra. Pero cuando ocurre en el Sur Global, el saqueo se presenta como un acto responsable de “presión por la democracia”. El lenguaje vuelve a cumplir su función: ocultar la violencia real bajo una moral impostada.

Gobierno paralelo y ficción jurídica.

Luego vino una maniobra inédita y profundamente peligrosa: la invención de un gobierno ficticio. Un “gobierno” reconocido por Estados Unidos y sus aliados, sin control territorial, sin fuerzas armadas, sin legitimidad popular, pero con acceso directo a los activos robados. Se reconoció a quien no gobernaba, se castigó a quien sí gobernaba y se acusó de dictadura al que resistía. La soberanía dejó de ser un principio y pasó a ser una concesión condicional, otorgada solo a quienes aceptan subordinarse.

Esto no tuvo nunca como objetivo la democracia. Buscó quebrar el principio mismo de autodeterminación y sentar un precedente: los gobiernos del Sur existen solo mientras sean funcionales a los intereses del Norte.

El impacto de la Doctrina Trump ha dado de lleno en los sectores más vulnerables de la población. Fotografía: Allan Barboza-Leitón | Colectivo de Comunicación LaKanaya.

Asfixia prolongada y degradación institucional inducida.

Después de años de asedio permanente, ocurrió lo previsible. El Estado se tensionó, las instituciones se volvieron defensivas, la política se endureció y los márgenes de acción se estrecharon. No como resultado de una vocación autoritaria, sino como respuesta a una agresión constante. Entonces llegó la trampa final del manual: utilizar los efectos del asedio como prueba del autoritarismo.

Es como incendiar una casa y luego denunciar que no cumple las normas de seguridad. El cerco crea la excepción, y la excepción es presentada como evidencia de la culpa.

El rol central de los medios: fabricar consenso para la agresión

Nada de esto funcionaría sin el poder mediático internacional. Grandes cadenas, diarios de referencia y ONG financiadas por agencias estadounidenses repiten el mismo encuadre una y otra vez. Nunca hablan de bloqueo, de sabotaje, de sanciones ilegales ni de robo de activos. Hablan de dictadura, de régimen, de colapso, de crisis humanitaria. El lenguaje no describe la realidad: la construye políticamente.

Ese lenguaje prepara psicológicamente a la opinión pública para aceptar lo que vendrá después. Porque cuando la palabra “dictadura” se instala, la intervención deja de parecer un crimen y empieza a parecer una solución.

El verdadero conflicto: soberanía vs. dominación.

Venezuela no es atacada por lo que es, sino por lo que se atreve a hacer. Controlar su petróleo, construir formas de poder popular, no alinearse automáticamente y resistir durante más de dos décadas a un orden global que no tolera desobediencias. Por eso el caso venezolano es una advertencia para toda América Latina. Porque el mismo manual se aplicará contra cualquiera que intente nacionalizar la salud, la banca, la tierra o los recursos estratégicos.

Primero vendrá el cerco. Luego la demonización. Finalmente, la intervención. Y si no disputamos el relato ahora, cuando nos toque a nosotros, ya será demasiado tarde.

Rostros populares en una manifestación de respaldo al gobierno del Presidente Nicolas Maduro Moros, Caracas. Fotografía: Allan Barboza-Leitón | Colectivo de Comunicación LaKanaya.

Conclusión: cuando el manual llega a su última página.

Lo que hoy ocurre ya no pertenece al terreno de la sospecha ni de la interpretación. El manual que durante años operó en la penumbra —sabotaje, bloqueo, saqueo de activos, gobierno paralelo, demonización mediática— ha llegado a su fase final: la agresión militar abierta. Todo aquello que fue negado, relativizado o presentado como “presión diplomática” revela ahora su sentido real. La narrativa de la dictadura no era una exageración retórica ni un error de análisis; era la condición necesaria para que la guerra pudiera ser presentada como legítima.

La secuencia es brutalmente coherente. Primero se asfixia a un país y se destruyen sus condiciones materiales de vida. Luego se acusa al gobierno por las consecuencias del asedio. Más tarde se vacía de contenido la noción de soberanía, se reconocen autoridades ficticias y se normaliza el robo de recursos estratégicos. Finalmente, cuando la resistencia persiste, se apela a la fuerza. No para restaurar derechos humanos, sino para garantizar el control directo sobre territorios, recursos naturales y decisiones políticas.

La agresión militar denunciada por el Estado venezolano no rompe el relato dominante: lo confirma. Confirma que nunca se trató de elecciones, de libertades abstractas ni de estándares democráticos aplicados con honestidad. Se trató, desde el principio, de quebrar una experiencia política que osó desafiar la arquitectura del poder global. De demostrar que la desobediencia tiene un precio ejemplarizante.

Por eso el punto central ya no es solo Venezuela. Es el precedente que se intenta fijar. Si un país del Sur Global puede ser bloqueado, saqueado, deslegitimado y finalmente atacado bajo la cobertura discursiva de la “democracia”, entonces ningún proceso soberano está a salvo. La guerra contra Venezuela no es una anomalía: es un mensaje.

Milicianas. Caracas, 4 de enero de 2026. Fotografía: Dikó.

Frente a este escenario, la neutralidad deja de ser una posición razonable y pasa a ser una forma de complicidad. Callar el bloqueo, minimizar el saqueo o repetir sin crítica la palabra “dictadura” es aceptar las reglas del agresor. Disputar el relato no es un ejercicio retórico: es una tarea política urgente. Porque cuando el lenguaje del poder se impone sin resistencia, la violencia que le sigue aparece como inevitable, e incluso como necesaria.

La historia latinoamericana ya conoce este camino. También conoce su costo. Lo que hoy se juega no es solo el destino de un país, sino el derecho mismo de los pueblos a decidir sin ser castigados por ello. Y cuando la guerra deja de ser encubierta y se vuelve explícita, ya no queda margen para la ambigüedad: o se nombra la agresión por lo que es, o se acepta que el manual vuelva a aplicarse, una vez más, sobre otros cuerpos y otros territorios.