Costa Rica: La democracia más sólida de América Latina a la deriva
- Luis Fonsagui
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Desde 1949 la construcción de la identidad nacional costarricense ha tenido como pilar fundamental la institucionalidad democrática. A pesar de que la profundización del modelo neoliberal no se ha detenido desde mediados de los años 80, puede decirse que
mientras el control del poder estatal estuvo administrado entre el Partido Liberación Nacional (PLN - Socialdemócrata) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) los mecanismos electorales y el sistema de pesos y contrapesos institucionales contaron con legitimidad entre la población.
En la medida en que la política neoliberal se fue profundizando también lo hizo la crisis del bipartidismo, que fue finalmente expulsado del poder ejecutivo en el año 2014. Las instituciones y empresas del estado, que durante décadas cumplieron un papel fundamental en la redistribución de las riquezas del país, han sufrido un notable desgaste como consecuencia de los planes de privatización que hasta el día de hoy se siguen implementando.
El nuevo milenio se inauguró con el conocido “Combo del ICE”, un proyecto de ley que pretendía privatizar el Instituto Costarricense de Electricidad, institución encargada de las telecomunicaciones y del servicio eléctrico en el país, y que se frustró debido a las masivas manifestaciones que sacudieron todo el territorio nacional. Aquel fue el resultado de la acumulación de molestia popular ante una seguidilla de casos de corrupción que se sumaron a lo que ya se percibía como una ofensiva de los sectores neoliberales contra el Estado de Bienestar.
Lo que se celebró como una victoria frente a los planes privatizadores duró poco. El intento de imponer un Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos, por medio del cual se implementaría finalmente el paquete de medidas neoliberales tan largamente deseado por los sectores dominantes, desencadenó un potente movimiento de resistencia. Y ante la perspectiva de un segundo “Combo del ICE” pero esta vez mucho más organizado y peligroso, el poder ejecutivo convocó a un referéndum consultivo. La campaña a favor del TLC fue sucia y desigual, disponiendo de recursos económicos ilimitados y el favor de la totalidad de los medios de comunicación. La consulta se realizó el 7 de Octubre del año 2007 y el resultado fue muy apretado. El movimiento a favor de la aprobación del TLC se impuso con un 51,62% de los votos, en medio de denuncias por irregularidades y fraude, por parte de múltiples organizaciones y sectores sociales. El movimiento en contra del TLC obtuvo el 48,38% de los votos.
Es en medio de estos dos acontecimientos que surge el Partido Acción Ciudadana (PAC), compuesto por ex-miembros del Partido Liberación Nacional que reprochaban el abandono de las banderas de la socialdemocracia, enarboladas por el viejo caudillo, José Figueres Ferrer. Llegaron a la Asamblea Legislativa por primera vez en el 2002, y se fueron consolidando como fuerza política alternativa hasta que, en el 2014 ganaron las elecciones presidenciales. El PAC rompió con décadas de bipartidismo, montados en el caballo de la lucha contra la corrupción, y con la promesa de un “cambio” que nunca llegó. Luego de 2 gobiernos de corte neoliberal y alineados con Washington, el PAC llega a las elecciones del año 2022 para desaparecer del tablero político. Ante un electorado sumamente defraudado y descontento.
Rodrigo Chaves y el desgaste institucional
La historia político electoral de Costa Rica, al menos a lo largo del siglo XXI, ha tenido que tomar en consideración a un sector creciente del electorado que ya no le es fiel a ningún partido. Ese “voto protesta itinerante” se manifestó en las elecciones de 2014 con el apoyo a tres candidatos: el candidato del Partido Frente Amplio, de izquierda, José María Villalta (17.25%), el candidato del Movimiento Libertario, de extrema derecha, Otto Guevara (11.34%), y el ganador de la elección, Luis Guillermo Solís, del Partido Acción Ciudadana (30.64%). En las elecciones del año 2018, el “voto protesta itinerante” se repartió aún más, entre Juan Diego Castro (de derecha nacionalista) y Fabricio Alvarado (evangélico pentecostal). Y en el 2022 apoyaron al hoy presidente Rodrigo Chaves.
Rodrigo Chaves llegó a la política nacional jugando la carta de ser un outsider, luego de una historia de desgaste de las instituciones, desconfianza y mostrada incapacidad por parte de los partidos políticos de mejorar las condiciones de vida de las personas. Un burócrata del Banco Mundial, sancionado en 2019 por acoso sexual hacia sus subalternas, que capitalizó un discurso antisistema entre una población descontenta con los gobiernos anteriores. Llegó, además, por medio de una campaña sobre la cuál pesan serias dudas sobre su financiamiento. Y con el apoyo de la periodista Pilar Cisneros Gallo, quien era ampliamente conocida por la población, por haber sido presentadora del principal noticiero del país por más de 20 años.
Su gobierno tuvo inicio en mayo del 2022. En su discurso de toma de posesión, declaró “Nunca me escucharán decir que Costa Rica es ingobernable. Esa es la excusa de quienes no tienen la valentía para tomar decisiones difíciles". Haciendo referencia a las palabras de José María Figueres (a quien acababa de ganar las elecciones) que, siendo presidente en 1995, hizo esa afirmación: “Costa Rica es ingobernable”.
A partir de eso, la confrontación con otras instituciones y sectores se justificó bajo la categoría de “decisiones difíciles”. Una de las primeras polémicas se dio luego de que la Contraloría General de la República emitiera un dictamen negativo al proyecto que pretendía desarrollar infraestructura para las instituciones gubernamentales conocido como Ciudad Gobierno, por querer evitar el proceso legal para hacer licitaciones. Después de esto Chaves emprendió un ataque mediático contra la Contraloría, afirmando que eran quienes se oponían al desarrollo del país, y presentando varias veces el proyecto de ley conocido como “Ley jaguar”, que buscaba limitar las funciones de la Contraloría.
Los ataques a la asamblea legislativa y a diputaciones de la oposición tampoco tardaron. Llegó a acusar a las diputaciones de estar “jugando chapitas” en lugar de legislar, por no aprobar el proyecto de eurobonos que el gobierno pretendía. Cosa que causó indignación en varias de las fracciones legislativas. Llegó a hacer también afirmaciones tales como que en Costa Rica se vivía la dictadura perfecta, y a quejarse de que teniendo una fracción oficialista de apenas 10 diputados no se podía negociar con el congreso. En ocasiones ha llegado a señalar a distintas diputaciones de antipatriotas, traidores. Afirmó la presencia de “idiotas en el congreso”. Y ha insultado directamente a distintos diputados, llamando a Eliecer Feinzaig plástico en sus valores; llamando “Loca de Gandoca” al diputado Ariel Robles, en referencia a la famosa novela costarricense; o afirmando que el diputado Francisco Nicolás rebuzna, por poner algunos ejemplos. Además, fue acusado por la diputada Vanessa Castro de haber intercedido para que a ella le rescindieran un contrato laboral de más de 20 años, con la ayuda del embajador de Costa Rica en México, Pablo Heriberto Abarca.
Los ataques a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial también han sido cosa común luego de que se diera a conocer que se llevaban a cabo investigaciones en su contra por el delito de concusión, al beneficiar a un asesor suyo con un contrato del Estado, así como por el financiamiento irregular de su campaña. En marzo del 2025 el presidente Rodrigo Chaves incluso llegó a convocar a una protesta contra el fiscal general en la sede del Poder Judicial.
En el caso de la prensa, una de sus primeras grandes polémicas fue la decisión de cerrar Parque Viva (complejo deportivo y de entretenimiento) que era uno de los negocios más redituables del grupo Nación (conglomerado propietario de varios medios de comunicación). Aunque muchos interpretaron este acto como un ataque a la libertad de prensa, lo que quedaba finalmente en evidencia era sobre todo una declaración de guerra entre élites económicas del país.
Así, el presidente Chaves instauró a sus enemigos, hablando de “los ticos con corona”, e identificándolos con miembros de la más consolidada burguesía nacional, la institucionalidad pública, el Partido Liberación Nacional (de corte neoliberal y pasado revolucionario similar al PSOE en España o el PRI en México), el partido Frente Amplio (único partido de izquierda con representación parlamentaria), y la “prensa canalla” (identificada con los medios de comunicación tradicionales, ahora críticos del gobierno).
Tan neoliberal como los de siempre
A pesar de su ataque al statu quo, contra los grandes medios de comunicación, los partidos tradicionales y las élites económicas, Chaves no representa un cambio respecto al sector económico que representa. Entre las figuras que financiaron su campaña se encuentran personajes como Jack Loeb, vicepresidente de Prival Bank, quien fue su principal donante de campaña (200.000 dólares); Calixto Chaves, accionista del Puerto Caldera y empresario importador de arroz (donó más de 130 millones de colones); Bernal Jimenez, socio de Calixto Chaves en la importación de arroz, ambos partícipes de Mercasa (donó más de 30 millones de colones); José Pablo Chaves, hijo de Calixto Chaves (donó más de 100 millones de colones); entre otros, como el abogado Adrián Torrealba, o el productor arrocero Roberto Batalla.
El compromiso del gobierno con estos donantes se hizo evidente por medio de distintos proyectos de ley y políticas promovidas por este. El proyecto de ley para privatizar el Banco de Costa Rica, que fue impulsado varias veces sobre todo a finales del 2022 y a lo largo del 2023 habría sido de especial interés para Prival Bank, que es un grupo especializado en fusiones y adquisiciones corporativas, y que presuntamente habría sido el encargado de asesorar al gobierno en esa venta. La conocida “Ruta del arroz” también, fue una reducción de los aranceles de importación de arroz, pasando de 35% a 3.5% para arroz en granza, y a 4% para arroz pilado, medida que benefició especialmente a los grandes importadores de arroz, y disminuyó drásticamente la producción nacional.
Su política neoliberal, además, en la práctica no ha roto realmente con los partidos tradicionales. Así, junto con partidos como Liberación Nacional o la Unidad Socialcristiana, el gobierno ha pactado con el fin de promover proyectos tales como la privatización del sistema eléctrico (proyecto que beneficia directamente a los hermanos Arias, que son parte de la cúpula de Liberación Nacional, y a otros miembros clásicos de la burguesía nacional), o como el proyecto para modificar la jornada laboral ordinaria de 8 horas diarias a 12 horas diarias, eliminando así el pago de horas extra.
La pequeña Costa Rica perdida en el mundo
Rodrigo Chaves ha llegado también para transformar la geopolítica costarricense, alineándose acríticamente con Estados Unidos y rompiendo la histórica neutralidad diplomática del país. Entre el 2023 y el 2024 Laura Richardson, la comandanta del Comando Sur, visitó el país en 3 ocasiones. En sus reuniones con el presidente Chaves se discutieron supuestamente temas de seguridad nacional, y se asignaron recursos para escáneres portuarios para la detección de drogas. En sus palabras, además, persiguiendo el objetivo de crear una región más segura, más próspera y más democrática, sea lo que sea que eso signifique.
Con la llegada de Donald Trump al poder, Costa Rica también recibió una visita del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, como parte de la gira de este por América Latina. En sus declaraciones a la prensa, posterior a su reunión con el presidente, declaró el interés en mantener la amistad entre los países, pues es mejor ser amigo de Estados Unidos que su enemigo. La línea de Marco Rubio no fue distinta con respecto a otros países de América Latina, siguiendo con la injerencia bajo la excusa de la lucha contra el narcotráfico.
Lo más llamativo fue quizá el tema de 5G. En enero de 2025, vía decreto, Rodrigo Chaves excluyó a las empresas chinas de la posibilidad de poder implementar tecnologías de 5G para el Instituto Costarricense de Electricidad. Esto utilizando como excusa el Convenio de Budapest, que es un convenio de ciberseguridad que pretende unificar las leyes penales en estos temas; es decir, nada relacionado con el desarrollo de infraestructura tecnológica. En su visita, Marco Rubio felicitó a Costa Rica por esta exclusión de las empresas chinas, acusando al gigante asiático de tener prácticas de sabotaje y de coerción económica.
Esto, además, generó tensiones diplomáticas con China, ya que consideraron que la medida aplicada por el gobierno violentaba el Tratado de Libre Comercio bilateral entre China y Costa Rica. Ya que constituía una medida de sabotaje económico contra empresas chinas, por sumisión a Estados Unidos.
Otro hecho relevante luego de la visita del Secretario de Estado fue la llegada de más de 200 migrantes asiáticos, deportados de Estados Unidos, y cuya estancia en Costa Rica sería supuestamente temporal, antes de enviarlos a sus países. En el proceso se incurrió en una serie de violaciones a los derechos humanos, incluyendo la negación a la educación de menores de edad, la privación de libertad en el CATEM, o la entrega de documentos legales en español a personas que no conocían el idioma.
El acercamiento al presidente de El Salvador Nayib Bukele ha sido otro de los posicionamientos geopolíticos relevantes durante el gobierno de Rodrigo Chaves. En el 2024 el presidente de El Salvador visitó Costa Rica, siendo recibido en una costosa cena, en la cual se invitó a los financistas de la campaña de Chaves, empresarios y políticos como el Alcalde de San José, Diego Miranda. Durante su visita, Bukele fue a conocer el centro penitenciario La Reforma (el más grande del país) y supuestamente habría brindado asesoría en temas de seguridad al presidente Chaves. Quien ha insistido en la idea de construir una mega-cárcel en Costa Rica.
En noviembre del 2024 se desató polémica nuevamente, luego de que el presidente Rodrigo Chaves permitiera el ingreso de miembros del ejército de El Salvador previo la debida aprobación de la Asamblea Legislativa. Esto en medio de una serie de inundaciones generadas por una onda tropical y demás condiciones atmosféricas. El gobierno de Rodrigo Chaves, además, ha estado negociando de manera acelerada un tratado de libre comercio con Israel. Esto, en medio del contexto de genocidio llevado a cabo por este país contra el pueblo palestino. Ignorando así la orden de captura de la Corte Penal Internacional contra Netanyahu y el asesinato sistemático de más de 60 000 palestinos.
La geopolítica de Chaves transformó a Costa Rica de 'neutralista' a satélite de Washington. Su colaboración en deportaciones con Trump, el veto al 5G chino y el TLC con Israel no son hechos aislados: son eslabones de una cadena que ata al país a los intereses de potencias y regímenes autoritarios. Este giro no solo traiciona la tradición pacifista costarricense: la convierte en cómplice de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
¿Hacia una tercera República?
Rodrigo Chaves se ha valido de sus palabras “jamás usaré la excusa de que Costa Rica no se puede gobernar”, para intentar entonces gobernar por la fuerza y a presión. Así, por ejemplo, sostuvo que si la Asamblea Legislativa no aprobaba su “Ley jaguar” para limitar las competencias de la Contraloría, llevaría la decisión a referéndum, aunque finalmente claudicó respecto de esa idea.
Lo que ha quedado de todo este trabajo discursivo, de pérdida de legitimidad de las instituciones y los partidos políticos, ha sido, en primer lugar, una alta popularidad para el gobierno. Distintas fuentes ubican la popularidad de Chaves y su gobierno entre un 50% y un 75%. Esto ha llevado a que distintas figuras del oficialismo, como la diputada Pilar Cisneros, y posteriormente ex-ministros como Nogui Acosta o la ahora candidata presidencial Laura Fernandez, a hablar de la necesidad de continuar el proyecto político del “rodriguismo”.
Esa búsqueda de continuidad está cruzada por un constante llamado a la población a, en las próximas elecciones, dar al oficialismo rodriguista una fracción parlamentaria de 40 diputados, dotándolos así de una mayoría absoluta en el parlamento, y dándoles por lo tanto la posibilidad de aprobar cualquier ley.
La candidata presidencial ha incluso declarado que el proyecto político de Rodrigo Chaves es la transformación política más importante en Costa Rica desde la “revolución” de 1948, que fue la que tuvo como resultado la fundación de la Segunda República y la actual constitución política. Llegando a hablar así de la necesidad de fundar una tercera república, lo cual implicaría la convocatoria de una asamblea nacional constituyente, y la instauración de un nuevo orden constitucional, pretendido, en un momento de mayoría absoluta.
Dentro de este deseo de continuidad promovido por el oficialismo, se suma también la afirmación de la candidata Laura Fernandez, que ha expresado su deseo de mantener al mandatario Rodrigo Chaves como miembro de su gobierno, en el ministerio de la presidencia. Y las afirmaciones de la diputada Cisneros de la necesidad de una reforma constitucional para permitir una reelección presidencial contínua, argumentando que 4 años no son suficientes para llevar a cabo las transformaciones que requiere el país. Además de una pretendida candidatura presidencial de Chaves en las elecciones del 2030.
En este escenario, las elecciones de 2026 definirán si Costa Rica consolida el giro autoritario, si regresa algún partido tradicional, o aparece alguna otra vertiente. El proyecto rodriguista (con Laura Fernández como continuadora y el propio Chaves como operador clave) apuesta a capitalizar el descontento con una triple agenda: 1) conquistar 40 diputados para desmontar contrapesos institucionales, 2) impulsar una reforma constitucional que permita, entre otras cosas, reelecciones inmediatas, y 3) consumar la 'tercera república' mediante una asamblea constituyente. El escenario es una encrucijada histórica: o el país que abolió su ejército en 1949 renueva su pacto democrático, o normaliza un modelo que ya exhibe los rasgos del autoritarismo neoliberal latinoamericano: concentración de poder, alineamiento incondicional con Washington y sacrificio de derechos sociales en nombre de la 'gobernabilidad'.
Texto: Luis Fonsagui. Filósofo, analista político y cofundador del Colectivo de Comunicación LaKanaya.
