Elecciones bajo presión: Centroamérica en el nuevo ciclo imperial del Corolario Trump
- Mónica Salas Chaverri
- 1 day ago
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A un mes de las elecciones presidenciales en Costa Rica, previstas para el próximo 1ro de febrero, cualquier intento serio de prever escenarios electorales no puede hacerse al margen de los acontecimientos geopolíticos. Limitar el análisis a encuestas, candidaturas o dinámicas internas del sistema político costarricense implica una lectura parcial e insuficiente. La unidad de análisis no puede encerrarse dentro de las fronteras político jurídicas de un Estado-nación.
Si en términos espaciales nos limitamos a observar únicamente lo que ocurre dentro de un territorio fronterizo, metodológicamente perdemos de vista cómo los procesos internos de un Estado están profundamente influenciados por relaciones de poder, dominación y disputa globales. Muchas de las dinámicas que se expresan en un Estado-nación tienen que ver con la existencia de una división internacional del trabajo que existe a través de las industrias transnacionales, a la circulación global del capital financiero y a otras estructuras de dominación que el imperialismo ejerce sobre los países del Sur Global.
Por ello, articular lo que ocurre “afuera” con lo que está por definirse “adentro” resulta indispensable para prever lo que pueda suceder en las próximas elecciones presidenciales.
La región centroamericana, tantas veces relegada incluso por nuestros propios análisis, ocupa hoy un lugar estratégico central en la reactivación de la Doctrina Monroe y su actualización bajo el llamado Corolario Trump. Aunque estamos presenciando el surgimiento de un mundo multipolar, persisten todavía estructuras de dominación propias de un orden profundamente unipolar, en el que Washington mantiene una capacidad decisiva de intervención directa sobre América Latina. Esto no solo ha sido declarado explícitamente en su nueva estrategia de seguridad nacional, sino que se ha materializado en el Caribe a través del mayor despliegue naval estadounidense que sucede en el hemisferio occidental desde 1989.
Este despliegue militar, sabemos ya a estas alturas, que no responde a una preocupación o a una lucha real contra el narcotráfico, sino al objetivo geopolítico concreto de asegurar el control territorial, político y comercial de una región clave para los intereses estratégicos de Estados Unidos. Los asesinatos de personas pescadoras en aguas internacionales, así como la selectividad con la que se aplica la mal llamada “guerra contra las drogas”, evidencian que esta narrativa es una falacia. Nada lo demuestra mejor que el indulto político otorgado al ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández (JOH).
De hecho, Honduras se ha convertido en el primer caso concreto de aplicación del nuevo enfoque estadounidense tras la publicación de su estrategia de seguridad nacional. Lo ocurrido en este país hermano no es un hecho aislado, sino un laboratorio político para ensayar mecanismos de intervención a replicarse en otros procesos electorales del continente. El consumado “golpe electoral” que dio la victoria a Tito Asfura al finalizar el 2025, candidato del mismo partido de JOH, estuvo precedido por una injerencia directa del imperialismo. Trump, días antes de las elecciones, realizó amenazas vinculadas a las remesas a familias hondureñas vía mensajes, una campaña de estigmatización ideológica que calificaron a la candidata Rixi Moncada como “comunista”, y una declaración del indulto político a JOH. Alterando de manera determinante la voluntad popular del pueblo hondureño.
Conviene recordar que JOH, durante sus dos mandatos presidenciales, participó en una conspiración criminal para facilitar el comercio de miles de kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos. Utilizó su cargo, las fuerzas policiales y el ejército para proteger organizaciones narcotraficantes, alertar sobre operativos de interdicción y permitir el uso de violencia armada para sostener el negocio. Diversas informaciones señalan, además, que sectores del empresariado hondureño habrían financiado y negociado el indulto, evidenciando la articulación existente entre élites económicas, crimen organizado y poder político.
En nuestra región, la producción de cocaína se concentra principalmente en Colombia, Perú y Bolivia, desde donde se exporta hacia los principales mercados de consumo, especialmente Estados Unidos y Europa. Y el tránsito de esta droga pasa, de manera inevitable, por el istmo centroamericano (ver Figura 1). En los últimos años, rutas marítimas a través del océano Pacífico han cobrado una relevancia estratégica creciente, y países que durante décadas estuvieron relativamente al margen del gran tráfico de drogas, como Costa Rica o Ecuador, se han convertido ahora en nodos clave de este corredor.
El Informe de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2025, elaborado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, confirmó que Costa Rica ahora figura entre los principales países de tránsito de droga hacia Norteamérica. En este contexto, podemos suponer que la liberación de JOH devuelve a escena a una figura central del entramado regional del narcotráfico, asegurando las rutas y equilibrios políticos necesarios para el trasiego. Por lo que garantizar un poder ejecutivo en Costa Rica funcional a estos intereses no es, entonces, un asunto menor, considerando que somos una pieza clave más en la arquitectura centroamericana para garantizar el flujo constante de cocaína hacia el mayor mercado consumidor del mundo.
Si bien la penetración del narcotráfico en Costa Rica y su influencia sobre partidos políticos y estructuras estatales no es un fenómeno reciente, el actual gobierno de Rodrigo Chaves ha tomado decisiones que debilitan de forma abierta la capacidad institucional para enfrentar el ingreso de droga al país, traduciéndose en una reducción drástica de decomisos de drogas en su gestión: la remoción de grupos policiales antidrogas de posiciones estratégicas en aeropuertos y fronteras y el desplazamiento del Servicio Nacional de Guardacostas fuera de la zona sur (principal punto de ingreso de cocaína al país) y su reubicación lejos del litoral. A lo anterior, se suma el elemento curioso que se dio durante el llamado Caso Corona, investigado por el OIJ, donde uno de los imputados del grupo narcotraficante se refirió al presidente como “Papá Chaves”.
Más allá de lo que indiquen los porcentajes de intención de voto, es fundamental recordar que la candidata del oficialismo, Laura Fernández, ha señalado públicamente que Chaves asumiría un rol central en su eventual gobierno, por lo que las elecciones del 1ro de febrero no se desarrollan en un vacío. Están atravesadas por disputas geopolíticas sobre el control territorial del istmo y por intereses ligados a uno de los mercados ilícitos más lucrativos del sistema capitalista global. Esto adquiere mayor gravedad si se considera que la Asamblea Legislativa aprobó el permiso para el atraque y desembarque de embarcaciones de guardacostas estadounidenses en puertos costarricenses del Pacífico y el Caribe. Ignorar esto no solo empobrece el análisis, sino que contribuye a naturalizar una pérdida silenciosa de soberanía.
Entender lo que está en juego exige mirar más allá de nuestras fronteras y preguntarnos: ¿cómo pensar este proceso electoral no como un simple recambio institucional, sino como un proceso político mucho más hondo que nos interpela directamente como izquierdas? Porque lo que se decide en Costa Rica se está moviendo, y negociando, también fuera de ella.