LA LUCHA QUE SE AVECINA EN COSTA RICA

Simpatizante del Partido Pueblo Soberano en las afueras de un centro de votación el 1 de febrero de 2026. Fotografía: Allan Barboza-Leitón | Colectivo de Comunicación LaKanaya.

Laura Fernández ganó la elección presidencial, pero eso es probablemente de lo más irrelevante. Hubo, por una parte, una disminución del abstencionismo. En vista del resultado, esa disminución implica que hay gente que se movilizó de no votar, a votar por el continuismo. Eso, sin embargo, no significa que esta gente tenga una adhesión incondicional. Tener una base votante no es lo mismo que tener una base social sólida. E incluso con un enfoque maquiavélico (en un sentido estricto del término) sabemos que no se puede sostener una base social sólida sin mejoras concretas en la vida de las personas.

Aun así, manteniendo una perspectiva histórica, el fenómeno de popularidad evocado por este tipo de figuras como Trump, Milei o Rodrigo Chaves, se desgasta naturalmente. Cosa que, sin embargo, puede tomar años. Así, lo más sabio es colocarse en una disposición de lucha prolongada y multifacética. Es una lucha comunicacional, territorial, legal, parlamentaria y de la calle.

El juego geopolítico en el que estamos inmersos como país resulta importante también para este análisis. Procesos políticos similares al que inició Rodrigo Chaves, como el caso de Milei en Argentina, Noboa en Ecuador o Bukele en El Salvador, muestran un patrón claro. Al proceso de debilitamiento de las instituciones democráticas le ha seguido una cada vez mayor incidencia de Estados Unidos en estos países, mayor presencia militar y mayor interferencia en sus asuntos internos. En Costa Rica hemos visto ya la interferencia de la embajada estadounidense y del secretario de Estado, Marco Rubio, en la licitación para desarrollo de 5G en Costa Rica. En casos como el de Ecuador, también se observa un paralelo aumento de la violencia por narcotráfico a la vez que más operaciones conjuntas con Estados Unidos.

El debilitamiento de la institucionalidad democrática o de la estabilidad política no es marginal a las relaciones diplomáticas de estos países. Muy por el contrario, coincide con los intereses de Estados Unidos cuando se da mayor acceso a recursos naturales, tierra, agua, capacidad de despliegue militar, e incluso pequeños enclaves o paraísos para el turismo sexual, el tráfico de personas y el tráfico de drogas.

En este momento y durante el último gobierno hay una confrontación política entre sectores distintos de la burguesía. Y en ese escenario, nos debemos posicionar a nosotros mismos. Hay un sector rico de la sociedad, representado hoy por el Partido Liberación Nacional (PLN), Claudia Dobles (CAC) y Abril Gordienko (PUSC). Este sector es políticamente conservador; es decir, reivindica la constitución del 48 y la disposición actual del aparato político-democrático y el sistema de pesos y contrapesos del Estado.

Este sector, claro, representa intereses variopintos además de algunas élites: comunalistas, municipalistas, e incluso segmentos del empresariado que en su momento se han visto beneficiados por el desarrollismo de la socialdemocracia liberacionista, tales como los hermanos Arias (y negocios como el ingenio Taboga) o Teletica. Así, la fracción parlamentaria del PLN no está política ni económicamente definida. Muchas de estas diputaciones entrantes, carentes de una formación político-ideológica clara, son susceptibles a lobby, presión mediática y negociación de votos; y, en su defecto, también susceptibles a presión de sus bases, del sector que representan o de la presión pública (democracia de la calle).

El caso de Claudia Dobles es similar en lo político: es conservadora. Sin embargo, a nivel económico es neoliberal. El anterior gobierno del PAC tuvo una política económica sometida a los intereses y directrices de la Unión Nacional de Cámaras y Asociaciones Empresariales, y a las disposiciones del FMI. Si bien el trabajo de una fracción unipersonal de oposición es distinto a la dirección del poder ejecutivo, los marcos en los que esta fuerza política ha mostrado estar dispuesta a negociar han sido tanto económicos como morales. El acercamiento del movimiento social a esta aliada circunstancial no debe perder esto de vista.

El caso de Abril Gordienko es el de una liberal. Se pondrán a prueba los límites de su preocupación social, pero en lo que refiere a la venta de activos del Estado, privatizaciones parciales, tercerizaciones y demás tópicos que priorizan la ganancia privada sobre el bien público, su posición es predecible cuando no pública. En la línea política es también liberal, con un aparente trasfondo teórico. Lo más probable en ese sentido es que no aporte su voto a regresiones democráticas promovidas por el oficialismo.

La fracción oficialista es quizá la más compleja de analizar. Sus tramas y subtramas internas son de observar con atención. La manera en que se conformó no indica necesariamente una consistencia de proyecto político, sino una serie de fidelidades acarreadas por medio de la política (en el mal sentido). Los intereses particulares representados en personas como Mayuli Ortega, investigada en México por falsificar su nacionalidad para postularse a un puesto de elección popular, o José Miguel Villalobos, abogado de narcotraficantes, dan cuenta de ello. Así, una larga lista de sujetos particulares, diputaciones electas, que a diferencia de casos como el del PLN, no son unidos por un partido político sino por el arbitrio de las circunstancias.

Sin entrar en detalles, el factor a evaluar es la consistencia de esa fracción con el proyecto político rodriguista: un proyecto orientado a la disputa por las instituciones político-democráticas, así como a una inmersión geopolítica alineada con intereses neocoloniales.

Costarricenses hacen fila para ejercer su voto en las Juntas Receptoras dispuestas por el Tribunal Supremo de Elecciones. Fotografía: Allan Barboza-Leitón | Colectivo de Comunicación LaKanaya.

La lucha que se avecina pasa por estos puntos mencionados. El conflicto existente entre distintos sectores de las clases opresoras. Estos sectores, por ejemplo Liberación Nacional y PPSO, pueden fácilmente cerrar filas alrededor de temas como la apertura del mercado eléctrico. En ese punto sus intereses económicos se sobreponen a sus diferencias políticas. Pero conservan conflictos de otra naturaleza. Esos conflictos entre sectores opresores tenemos el deber de agudizarlos y atizarlos. Si hemos de elegir entre que se alíen en nuestra contra o se desgasten entre ellos, la decisión es sencilla.

La atención a las distintas formas de neocolonialismo es otro punto importante. En ese sentido, los intereses económicos detrás de los recursos naturales no descansan y no descartan nunca la posibilidad de apropiarse de esos recursos. La desestabilización del sistema democrático y el interés detrás de esa desestabilización no es nunca el poder por el poder, sino el poder por el acceso a recursos o mercados. Es en el territorio, en el “inocente” desarrollo inmobiliario, en el acceso a recursos como el agua o la tierra, en el uso de agroquímicos dañinos para poblaciones. El merodeo solapado de intereses trasnacionales nunca es una variable despreciable en el análisis de circunstancias políticas.

Otro punto relevante es la batalla comunicativa. Una de las victorias estratégicas de Rodrigo Chaves fue la consolidación de un ecosistema de medios afines al gobierno que, de manera descarada, reproducen información de una realidad paralela. Al lado están los medios de comunicación tradicionales, representados sobre todo por La Nación y Teletica. Durante este gobierno, la crítica y la indagación de estos medios en algunos casos de corrupción o irregularidades han sido fundamentales. Dicho lo cual, no debemos ser ingenuos respecto de los intereses económicos que existen detrás de estos medios de comunicación. Hay medios que son aliados circunstanciales, más no aliados naturales.

Un ejemplo de cómo estos medios no son de fiar es la forma en que tratan las noticias de sucesos. Típicamente, el desarrollo de políticas represivas en nombre de la seguridad está acompañado por la construcción de una narrativa fuerte de inseguridad. Así, los medios de comunicación aplanan el terreno para la política represiva. Esto es observable en los principales noticieros de Costa Rica, donde más del 50% de las noticias son casos particulares de violencia, ignorando temas políticos, geopolíticos o culturales, por poner un ejemplo, manteniendo intacta la sección deportiva. Esto no es casual. Así, tenemos la responsabilidad de informarnos en medios alternativos y de consultar los medios tradicionales sin abandonar la crítica y la malicia.

El escenario parlamentario se dispone como otro terreno de lucha ante esta coyuntura. El parlamentarismo típicamente requiere de distintas tácticas en distintas coyunturas. Quien ostenta un cargo parlamentario tiene la posibilidad, por ejemplo, de maximizar un discurso en determinada situación, bloquear un proyecto en otra o disponer de recursos institucionales si es el caso. La lucha política multifacética es la perspectiva que quienes ejercen el parlamentarismo del lado de los movimientos sociales deben asumir hoy. Esta responsabilidad recae con mayor peso sobre la fracción del Frente Amplio, como la única autodenominada de izquierda dentro del parlamento. De manera paralela, el movimiento social no debe quitarles los ojos de encima para que cumplan esa labor.

Será necesaria la articulación entre quien está en el territorio, quien hace comunicación y quien asume el parlamento para una lucha frontalmente política. ¿A qué me refiero con lucha política? Para responder habría que preguntar antes: ¿cuál es el objetivo que perseguimos quienes, ante el avance de la extrema derecha, hablamos de la importancia de la organización? Una posible respuesta es que buscamos resistir. Pero si bien en una situación de opresión se requiere resistencia, una resistencia que no busca eventualmente dejar de resistir y, en cambio, acabar con la causa de la opresión, está destinada a sucumbir. Así, la lucha política consiste en la construcción de una alternativa política que supere la estructura de opresión.